Publicado en Temple, n° 1 de la nueva época
Diego Ríos
Militante de la Juventud Comunista de Bolivia
Los paros nacionales en Colombia iniciaron a finales del año 2019, en respuesta a las condiciones determinadas por la crisis capitalista, agravada posteriormente no solo por la pandemia sanitaria sino también por las políticas antipopulares del gobierno de Iván Duque que recrudecen las condiciones de vida de los trabajadores, como la reciente propuesta de reforma tributaria cuyo fin es acrecentar la fortuna de la oligarquía colombiana y continuar financiando la guerra contra el pueblo y los préstamos del imperialismo norteamericano, el FMI y el Banco Mundial, necesarios para llevarla adelante.
De hecho, en los últimos años, no solo aumentaron los índices de pobreza en Colombia, sino también los de desigualdad y desempleo. Mientras la clase trabajadora de la ciudad y el campo vive en la miseria, la clase dominante continúa enriqueciéndose, en parte a través de la intensificación de la explotación de los trabajadores, en parte a través de actividades ilegales como la corrupción y el narcotráfico, cuyos vínculos con el gobierno han sido ampliamente difundidos y demostrados.
Adicionalmente, los acuerdos de paz firmados el 2016, con la esperanza de establecer un terreno que permita el desenvolvimiento democrático (aunque burgués) de las fuerzas políticas representativas de los sectores oprimidos de la población, fueron aniquilados por la oligarquía colombiana gobernante, enquistada en el poder desde hace muchas décadas, traicionando así las esperanzas de paz del pueblo y el compromiso de los combatientes desmovilizados.
No es la primera vez que algo así sucede. Quienes detentan el poder económico habían ya arremetido contra la paz (genocidio de la Unión Patriótica, asesinatos de Manuel Cepeda, Jaime Pardo, Jaime Garzón, Bernardo Jaramillo, José Antequera, ruptura unilateral de los diálogos de paz por parte del gobierno de Pastrana en 2002, Plan Retorno, Plan Colombia, etc.).
En estas circunstancias adversas, el pueblo colombiano decide salir a las calles el 28 de abril, debiéndose enfrentar a la violencia estatal que hace décadas ha caracterizado la respuesta del gobierno colombiano al descontento social causado por la miseria y la injusticia. A esto se suma el paramilitarismo que funge de complemento a la represión policial-militar, organizado y financiado por el Estado y por los grupos de poder anidados en él. Al día de hoy más de mil personas han sido asesinadas en 3 años del gobierno de Duque, entre obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y exguerrilleros firmantes del proceso de paz. En la primera semana de protesta al menos 25 personas habían sido asesinadas, incluidos menores de edad. Al día de hoy, esas cifras son muchísimo mayores.
La clase dominante, a través de sus órganos represivos, pretende infundir miedo a los trabajadores que se encuentran luchando en las calles, para así poder continuar enriqueciéndose a costa de ellos, quitándoles derechos laborales, reduciendo salarios, incrementando los impuestos. Pero la respuesta del pueblo no es el miedo, es la lucha.
A continuación reproducimos una pequeña entrevista realizada a nuestros camaradas de la Juventud Rebelde de Colombia, a quienes agradecemos el tiempo y la dedicación que empeñaron para ilustrar con gran detalle la situación en su país.
¿Cuáles consideran que sean las principales razones (sociales/económicas/políticas) que han dado inicio a las manifestaciones en Colombia?
Hay factores de largo plazo que configuran el fondo de la disputa política en el país: el modelo económico extractivista y financiarizado viene en crisis desde hace años; el ordenamiento institucional, el régimen de dominación de clase, también refleja su descomposición. Es un orden institucional que está en un punto crítico y empieza a fracturar el consenso de las elites del país. Ambos aspectos se ven acentuados por los impactos políticos y culturales del acuerdo de paz de la Habana.
El acuerdo de Paz permitió evidenciar que el problema del país no era la confrontación armada ni la insurgencia. Al contrario, desnudó esa crisis institucional y económica, al punto que ni los grandes medios de comunicación han podido ocultarla. Pero el Acuerdo también decantó un mapa politico de respuestas a esa crisis: una respuesta conservadora de los terratenientes, una “modernizante” de la burguesía vinculada al sector financiero; ambas propuestas coinciden en que los sectores populares, trabajadores paguen la crisis, así como legitimar el régimen político vigente. Una tercera alternativa, aún en proceso, es la del campo popular: que la crisis la pague el bloque en el poder que fue quién la generó.
Ese es el transfondo de la situación. Allí emerge el Paro Nacional de 2019, muy potente y con un horizonte de reivindicaciones que beneficien las condiciones de vida del campesinado, comunidades indígenas y trabajadores urbanos. A ese paro se
respondió con intensa represión, al punto que la denuncia por la brutalidad policial y el terrorismo de Estado se convirtió rápidamente en una bandera central del movimiento popular.
Esa represión a la movilización se acompaña de una política no oficial de Estado: el paramilitarismo que coincide con las políticas económicas del Estado, logrando mediante la violencia y el asesinato mantener favorable la correlación de fuerzas a favor del bloque de poder.
La Pandemia acentuó esa crisis. Salvo el sector financiero que logró enormes ganancias durante la pandemia, el resto de los sectores productivos se vieron afectados. De nuevo la intención fue que los trabajadores y sectores populares paguemos la crisis con decretos y reformas en lo laboral, tributario, pensional, seguridad social. Eso sumado a una gestión militar de la pandemia (toques de queda, patrullajes militares para garantizar la cuarentena e incluso represión estatal) acumularon la justa rabia que el pueblo colombiano expresa ahora en las calles.
En ese contexto, ¿cuál es la situación actual de los jóvenes trabajadores y estudiantes? ¿Cuál es el rol que cumplen en la lucha y cuáles sus perspectivas?
La situación juvenil en el país es aún más difícil. Las tasas de desempleo casi duplican el promedio nacional y casi un 40% de jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad. Eso significa que la mayoría de las y los jóvenes de Colombia no tenemos acceso a salud, perspectiva de pensión en la vejez, ni ningún tipo de seguridad social. En lo educativo, la Pandemia acentuó la deserción estudiantil que en algunas universidades alcanza el 40% de la matrícula.
Acá decimos que somos una generación de no futuro. No tenemos, literalmente, nada que perder; nos han quitado absolutamente todo. Si a eso se suma que en los dos últimos años se han presentado masacres dirigidas hacia jóvenes en varias partes del país y una histórica represión policial y persecución hacia las prácticas juveniles (el bloque de poder en Colombia es profundamente conservador), tenemos una situación de precariedad económica, represión y persecución política, sexual, de género, exclusión del sistema educativo y desfinanciación de la educación pública.
Nuestro rol como jóvenes ha sido protagónico. Sin negar importantes ejercicios de movilización campesina, indígena y afrocolombiana en territorios rurales, el sujeto urbano en movilización es juvenil y sin duda el movimiento antipatriarcal o de género. Pero en el caso de lo juvenil tenemos una dispersión y fragmentación muy fuerte.
De allí que nuestra expectativa inmediata sea agrupar al movimiento juvenil que está en las barricadas; tejer las banderas de lucha que nos unifiquen y constituir el actor colectivo que nos represente. Ese ha sido un ejercicio difícil, pues la dispersión es reflejo de proyectos políticos diversos, a veces contrarios, e incluso planteamientos anti-organización.
Pero como todo movimiento, esto también es una invaluable escuela de formación política que empieza a hacer evidente que debemos articularnos como sujeto juvenil a nivel nacional.
¿Qué planteamiento propone la Juventud Rebelde para salir de esta situación? ¿Hacia dónde debe ir el Paro Nacional y cómo plantean la construcción de una Unidad de los sectores populares y una propuesta para hacer frente a una oligarquía paramilitarista que se encuentra en el gobierno desde hace tantos años?
Ante la situación la tarea inmediata de la JR es contribuir a la articulación del movimiento juvenil y en segundo término del campo popular. En esa articulación radica la posibilidad de hacer síntesis del momento político, la capacidad de lucha y dar un salto cualitativo en organización popular. Sin negar la importancia de la elaboración programática, nos parece que esta depende del grado de organización popular para que sea representativa y tenga vocación de victoria.
De facto el paro ha entrado en una etapa de reorganización. Las dinámicas de movilización han venido disminuyendo y en su lugar emergen asambleas populares, espacios de formación, reunión y articulación. El reto consiste en lograr tejer amplia unidad del campo juvenil y del campo popular hacia un solo espacio de articulación que potencie la beligerancia popular.
Nos parece esa es la clave. La agudización de la crisis pone de presente que esta es una etapa de lucha política de mediano y largo plazo. El Gobierno ha cruzado una línea hacia la abierta represión estatal, una guerra irregular contra la movilización y de facto la subordinación de la autoridad civil a las autoridades militares. No es menor la realidad actual del país. Ante ella requerimos intensificar la denuncia internacional por el grado de crueldad del Estado hacia la movilización.
Este es un momento coyuntural con alcances estratégicos. Es un pulso político que anuda procesos políticos de al menos una década; la respuesta es de largo plazo, de allí que la organización sea prioridad; organización en clave, al menos, anticapitalista que acumule organizativamente, y desprenda victorias parciales en una batalla que sin duda abre dos opciones: la restauración conservadora y fascista o la apertura democrática hacia las transformaciones que demandamos como pueblo y juventud. Como bien lo saben en Bolivia, acá tenemos el reto de dar el paso de un paro destituyente a un movimiento constituyente hacia una nueva Colombia.
os contra todos quienes pasaron por los múltiples centros de exterminio de la dictadura, más de tres mil mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pese a ello, hasta el momento solo se han presentado cinco querellas criminales y los torturadores siguen refugiándose en los pactos de silencio y la impunidad. Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos apuntan a la necesidad de visibilizar este delito, ante el peligro de que se naturalice y se repita.
ismo y revisionismo buscan en la actualidad, con un discurso renovado, los viejos objetivos de separar a la clase obrera y sus partidos comunistas de los fundamentos del marxismo, de la lucha revolucionaria contra el capitalismo, del principio de la dictadura del proletariado, del papel revolucionario de la clase obrera y su partido de vanguardia en la revolución socialista y en la construcción del socialismo-comunismo.
Juventud Comunista de Bolivia - Comité Regional Cochabamba 